Un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) revela que la violencia y la discriminación contra la población LGTBI en Ecuador sigue siendo un problema extendido en distintos ámbitos sociales y familiares.
Según la encuesta nacional de condiciones de vida de esta población, el 53,5% de personas LGTBI mayores de 18 años afirmó haber sufrido algún tipo de violencia o discriminación a lo largo de su vida.
El estudio, realizado con apoyo de la Cooperación Alemana GIZ y basado en más de 6.000 entrevistas, constituye el primer levantamiento de alcance nacional enfocado en caracterizar la realidad de esta comunidad en el país.
Violencia en el entorno cercano
Los resultados muestran que la mayoría de los casos de violencia ocurre en el entorno más cercano de las víctimas. El 73,6% indicó que los hechos se produjeron en el ámbito familiar, mientras que el 65,7% señaló que también ocurrieron en espacios sociales o comunitarios.
Entre los tipos de violencia registrados, la más frecuente es la psicológica, con un 89,8%, seguida de la violencia motivada por prejuicios, que alcanza el 37,9%.
Perfil de la población encuestada
El INEC estima que en Ecuador existen alrededor de 380.263 personas LGTBI mayores de edad. Dentro de este grupo, el 38,5% se identifica como gay, el 28,2% como bisexual y el 19,5% como lesbiana, además de otras identidades como pansexual o intersexual.
En cuanto a identidad de género, el 77,2% se reconoce como cisgénero, el 15,1% como trans y el 2,6% como no binario.
Educación, empleo e ingresos
El informe también detalla condiciones socioeconómicas de esta población. El 50% cuenta con estudios superiores, mientras que un 40,9% alcanzó únicamente el nivel de bachillerato.
En el ámbito laboral, el 49,5% trabaja en el sector privado y el 31,7% de manera independiente. Sin embargo, la tasa de desocupación llega al 16,1%.
El ingreso mensual promedio se ubica en USD 617, una cifra que se encuentra por encima del salario básico, pero que refleja desigualdades dependiendo del tipo de empleo y nivel educativo.
Acceso a derechos
Otro dato relevante es que, aunque el 72,2% conoce la posibilidad de cambiar su nombre o género en documentos oficiales, menos del 10% ha realizado este trámite, lo que evidencia barreras en el acceso efectivo a este derecho.
El INEC señala que esta información busca servir como base para el diseño de políticas públicas orientadas a reducir brechas de desigualdad y violencia en el país.