Diez años después del terremoto del 16 de abril de 2016, el uso de los recursos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas sigue generando cuestionamientos. Pese a que se investigó a nueve personas por presunto peculado, únicamente dos han sido condenadas hasta el momento.
Se trata del exvicepresidente Jorge Glas y del exsecretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, quienes recibieron una sentencia de 13 años de prisión tras comprobarse un uso indebido de fondos públicos asignados a la emergencia.
El caso se originó tras una denuncia presentada en 2019 por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que alertó sobre el manejo de al menos 225 millones de dólares destinados a obras que, según la Fiscalía, no respondían a las necesidades urgentes del terremoto.
Tras el desastre, el Estado recaudó cerca de 2.991 millones de dólares mediante la Ley de Solidaridad, que incluyó el incremento temporal del IVA y otras contribuciones. De ese total, más de 1.500 millones fueron destinados a proyectos de reconstrucción.
Sin embargo, informes de la Contraloría y las investigaciones judiciales evidenciaron que parte de estos recursos se habrían utilizado en obras no prioritarias, lo que derivó en el proceso penal.
Durante el avance del caso, el número de implicados se redujo: de nueve procesados iniciales, cinco llegaron a juicio, pero solo Glas y Bernal fueron finalmente condenados en junio de 2025 por la Corte Nacional de Justicia.
Otros exfuncionarios vinculados al proceso tuvieron diferentes desenlaces judiciales, mientras que algunos permanecen fuera del país o enfrentan causas en otros casos.
Aunque la reconstrucción dejó obras visibles como viviendas, carreteras, hospitales y proyectos de servicios básicos, varias de estas iniciativas han sido cuestionadas por retrasos, costos elevados o por no estar directamente relacionadas con la emergencia.
Una década después del 16A, el proceso judicial y el destino de los recursos siguen siendo un tema pendiente en la memoria del país.