La Corte Constitucional de Ecuador enfrenta tensión por dos frentes: las demandas contra el adelanto de las elecciones seccionales decidido por el CNE y la investigación de la Fiscalía sobre el patrimonio de los jueces Alí Lozada y José Luis Terán, tras informes de la Contraloría que señalan posibles inconsistencias.
La Corte aseguró que los magistrados continuarán en sus funciones mientras se garantice su independencia, y advirtió sobre las presiones institucionales sostenidas desde 2025. Entre sus recientes fallos, declaró constitucional un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y respaldó la propuesta del presidente Daniel Noboa de transferir a la Asamblea la designación de autoridades de control.
El CNE adelantó las elecciones del 14 de febrero al 29 de noviembre de 2026 por posibles afectaciones del fenómeno de El Niño, generando reclamos legales y debate sobre la autoridad del calendario electoral. Desde 2025, la Corte ha estado bajo presión del oficialismo por decisiones judiciales contrarias a leyes polémicas, incluyendo campañas en redes sociales y declaraciones de ministros y del presidente.
El desarrollo de estos casos será clave para la organización de las elecciones y la percepción de independencia judicial en Ecuador.