La provincia de Guayas atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente, marcado por la ausencia de autoridades, procesos judiciales en curso y decisiones administrativas bajo cuestionamiento, lo que ha generado un escenario de alta incertidumbre en el manejo del poder local.
Uno de los principales focos de la crisis se concentra en el Municipio de Guayaquil, donde el alcalde Aquiles Álvarez permanece en prisión preventiva desde febrero de 2026. Su situación legal ha abierto debates sobre su continuidad en el cargo, mientras se acumulan solicitudes formales para su posible remoción.
En medio de este contexto, el Concejo Cantonal designó a la vicealcaldesa como autoridad subrogante, una decisión que ha generado cuestionamientos jurídicos y que actualmente es analizada por la Contraloría, al no existir una ausencia formalmente justificada del alcalde.
A esto se suma la situación en la Prefectura del Guayas, donde la prefecta Marcela Aguiñaga anunció su salida del cargo para mayo, mientras que el viceprefecto presentó su renuncia. Este doble movimiento obliga a una reestructuración interna en la institución, sin que aún exista claridad sobre quién asumirá el liderazgo.
Por otro lado, el cantón Durán enfrenta su propia crisis, ya que su alcalde, Luis Chonillo, se mantiene en la clandestinidad tras un atentado en 2023, lo que ha debilitado la gestión municipal en una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.
Este escenario ocurre en medio de un proceso de reconfiguración política, tras el fin de la hegemonía del Partido Social Cristiano en la provincia y el ascenso de nuevas fuerzas políticas, lo que ha intensificado las tensiones en la administración pública.
Con elecciones seccionales anticipadas previstas para noviembre de 2026, las decisiones que adopten las autoridades en las próximas semanas serán clave para definir el rumbo institucional de la provincia, que hoy se mantiene bajo figuras transitorias y procesos aún sin resolución definitiva.