Un operativo policial ejecutado este domingo 5 de abril de 2026 en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, terminó con la detención de tres agentes policiales en servicio activo y un militar retirado. Las autoridades hallaron en dos viviendas un arsenal de armas, presuntamente vinculado a redes del crimen organizado.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, los detenidos estarían relacionados con el grupo criminal Sao Box, con conexiones anteriores con la organización Los Lobos, considerada una de las estructuras más violentas del país. El armamento incautado incluía tres fusiles, un lanzagranadas, chalecos antibalas, radios de comunicación y municiones, lo que sugiere que las viviendas funcionaban como centros de acopio logístico para actividades delictivas.
“El hallazgo confirma la existencia de una red dedicada al tráfico ilegal de armas que podría abastecer delitos como extorsión, robos y homicidios por encargo”, explicó Reimberg, enfatizando la gravedad del caso al involucrar a miembros de instituciones de seguridad.
Este operativo se produce en un contexto crítico para Ecuador, donde la violencia ha aumentado significativamente. Desde 2024, el país se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno” decretado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado, especialmente a estructuras vinculadas al narcotráfico. A pesar de estas medidas, en 2025 se registraron 9.252 homicidios, un récord histórico que ha llevado al Gobierno a reforzar la cooperación internacional y las acciones de seguridad en todo el territorio.
El caso en Camilo Ponce Enríquez evidencia las vulnerabilidades del sistema de seguridad y plantea nuevos desafíos sobre el control del armamento y la infiltración de redes delictivas en instituciones públicas.