El Gobierno de Ecuador anunció que la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia aumentará del 50% al 100% a partir del 1 de mayo de 2026, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad nacional y enfrentar el narcotráfico en la frontera norte.
La medida fue informada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, que explicó que la decisión responde a la falta de acciones concretas en materia de seguridad por parte del país vecino, por lo que Ecuador considera necesario adoptar acciones soberanas para proteger su territorio.
Según la cartera de Estado, el objetivo es fortalecer la corresponsabilidad bilateral y mantener como prioridad la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la protección de la población.
Un incremento progresivo desde febrero
La tasa de seguridad comenzó a aplicarse el 1 de febrero de 2026 con un 30%, posteriormente subió al 50% desde el 1 de marzo, y ahora alcanzará el 100% desde el 1 de mayo de 2026, consolidando así un esquema progresivo de ajuste en el control comercial con Colombia.
El Ejecutivo ha reiterado que estas acciones forman parte de una política de seguridad nacional considerada innegociable, orientada a la protección territorial.
Contexto regional y tensiones diplomáticas
En paralelo, Colombia también ha aplicado medidas arancelarias, incluyendo un 30% desde el 24 de febrero de 2026 y un anuncio de incremento al 50% que aún no se concreta oficialmente.
Las relaciones bilaterales han atravesado recientes tensiones. El 25 de marzo de 2026, viceministros de ambos países, junto a la Comunidad Andina, mantuvieron una reunión virtual en la que se acordó avanzar hacia mesas técnicas en temas de energía, comercio y seguridad.
Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana informó la suspensión de reuniones previstas para el 7 de abril, tras declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el exvicepresidente Jorge Glas, lo que generó una reacción del Gobierno ecuatoriano.
El presidente Daniel Noboa defendió la postura del país al señalar que “en la cárcel hay un corrupto que debe responder al Ecuador”, en referencia al caso del exfuncionario.
La Cancillería, por su parte, envió una nota diplomática de protesta y reafirmó que el caso corresponde exclusivamente al sistema judicial ecuatoriano, el cual debe ser respetado por otros Estados.