Desde 2025, más de 9.000 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos, en un proceso que ha evidenciado serias dificultades para su reinserción social y laboral en Ecuador.
Muchos de los retornados estuvieron detenidos por semanas o meses antes de su repatriación, y han reportado problemas en las condiciones de su traslado y falta de información clara durante el proceso migratorio.
Al regresar, se enfrentan a un mercado laboral marcado por la informalidad y el desempleo. En varios casos, sus ingresos actuales son significativamente menores a los que obtenían en el exterior.
El Estado ha implementado un bono temporal de 470 dólares por tres meses para personas en situación vulnerable; sin embargo, solo cerca de 1.600 migrantes han accedido a este apoyo, lo que representa menos del 20% del total.
A esto se suman dificultades administrativas y afectaciones emocionales, como ansiedad y estrés, según reportes de organizaciones sociales.
Autoridades han señalado que la generación de empleo sigue siendo un desafío clave para la reintegración de esta población.