MADRID. El número de ciudadanos ecuatorianos que buscan refugio en España ha aumentado en los últimos años, motivado principalmente por situaciones de violencia, extorsión y falta de seguridad en Ecuador. Sin embargo, los datos oficiales muestran que la mayoría de estas solicitudes no obtienen protección internacional, lo que deja a muchas personas en un limbo migratorio con pocas alternativas claras.
Según cifras del Ministerio del Interior y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en 2025 un total de 567 ecuatorianos presentaron solicitudes de asilo en territorio español, ubicándose como la decimosexta nacionalidad en número de peticiones. En lo que va de 2026 (hasta el 28 de febrero), otras 57 personas de Ecuador han solicitado este tipo de protección.
Baja tasa de concesión de asilo
El sistema de asilo en España aplica criterios muy estrictos para reconocer a una persona como refugiada. De las 1.195 solicitudes de ecuatorianos resueltas durante 2025, apenas tres obtuvieron protección internacional, lo que representa menos del 1% de los casos. La gran mayoría, 932 solicitudes, fueron rechazadas, y otras 248 quedaron archivadas. Adicionalmente, 12 personas recibieron permisos temporales por razones humanitarias, un estatus menos garantista que ofrece residencia por situaciones de alta vulnerabilidad (por ejemplo, enfermedad grave), pero no cumple con los criterios plenos de asilo.
La tendencia se mantiene en 2026. Hasta finales de febrero, de las 133 solicitudes resueltas, solo una recibió protección internacional, mientras que 100 fueron denegadas y 30 quedaron archivadas. Además, dos personas obtuvieron permisos temporales por razones humanitarias.
Un proceso largo y restrictivo
El procedimiento de asilo en España solo puede iniciarse dentro del territorio o en aeropuertos, lo que obliga a muchos solicitantes a ingresar primero con visas de turismo o estudios para luego presentar la solicitud. Aunque la ley establece un plazo de seis meses para resolver las peticiones, en la práctica el proceso se extiende mucho más, con una media de 15 meses y, en casos más complejos, hasta tres años.
Durante este tiempo, los solicitantes pueden recibir asesoramiento jurídico, apoyo social y acceso a centros de acogida; sin embargo, estos servicios están condicionados a que no dispongan de recursos económicos. Si el solicitante no da seguimiento a su caso, este puede ser archivado por inactividad, lo que se interpreta como una renuncia implícita al proceso.
Nuevas barreras para quienes ya viven en España
Un cambio en el reglamento de extranjería, implementado en mayo de 2025, eliminó la posibilidad de que el tiempo vivido como solicitante de asilo cuente para obtener un permiso de residencia por arraigo si la solicitud es rechazada. Esto significa que quienes ya han pasado años en España y tienen redes sociales o empleo, si reciben una denegación, deben comenzar de cero y esperar dos años antes de intentar regularizar su situación por otras vías migratorias.
Este cambio ha sido criticado por organizaciones y expertos, y varios recursos han sido presentados ante el Tribunal Supremo de España para impugnar la medida.
Un reflejo de la violencia en Ecuador
La coordinadora jurídica de CEAR, Elena Muñoz, afirma que detrás de estos números no existe un único perfil de solicitante: hay personas que huyen de la violencia generalizada, defensores de derechos humanos, jóvenes y familias enteras que buscan una vida segura lejos de la inseguridad y el desamparo. No obstante, el sistema actual hace que la meta de obtener protección internacional sea cada vez más difícil de alcanzar para los ecuatorianos.