El fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, presentó una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra los jueces que revocaron la prisión preventiva de familiares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso “Goleada”.
La acción se presentó una semana después de que la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptara un recurso de apelación y dejara sin efecto la medida cautelar contra los procesados por presunta delincuencia organizada.
En su denuncia, Alarcón sostiene que la decisión judicial podría constituir un “error inexcusable”, al considerar que los magistrados habrían actuado en contra del deber de diligencia establecido en la normativa vigente. Por ello, solicitó que se evalúen posibles sanciones disciplinarias.
El fallo judicial permitió que dos hermanos de Aquiles Álvarez y otros vinculados al caso recuperaran su libertad. No obstante, el alcalde continúa detenido en la cárcel de El Encuentro por otros procesos judiciales, entre ellos uno relacionado con presunto tráfico de combustibles.
Por su parte, la Asociación de Jueces y Magistrados de Ecuador respaldó la actuación del tribunal, señalando que las decisiones judiciales deben resolverse en audiencia y no a través de presiones mediáticas.
El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades analizan la actuación de los jueces y avanzan las investigaciones relacionadas con este proceso.