El Gobierno de Ecuador avanza en una estrategia para reducir las exenciones del IVA como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que podría generar hasta $400 millones adicionales al año para las arcas fiscales.
La medida responde a un problema estructural: el país deja de percibir alrededor de $4.190 millones anuales por beneficios tributarios vinculados al IVA, lo que equivale al 3,4 % del PIB. Gran parte de ese monto corresponde a bienes y servicios con tarifa 0 %, especialmente alimentos.
Cambios en alimentos: qué paga IVA y qué no
El Servicio de Rentas Internas ha comenzado a aplicar nuevos criterios que diferencian entre productos:
- Alimentos naturales o básicos mantienen el 0 % de IVA.
- Alimentos procesados o con valor agregado pasan a pagar el 15 %.
Sin embargo, productos sensibles como el pan y la leche continúan mayoritariamente con tarifa 0 %, mientras que otros como bebidas preparadas, snacks y derivados cárnicos ya pagan el impuesto.
Impacto en la recaudación
El ajuste se concentra en los alimentos, que representan unos $1.420 millones del gasto tributario.
- En un escenario medio, el Estado podría recaudar entre $210 y $280 millones adicionales al año.
- Con controles más estrictos, la cifra podría subir hasta $420 millones.
Estas medidas forman parte del objetivo de ajuste fiscal de 2026, que busca recaudar cerca de $1.800 millones mediante más ingresos y menor gasto.
Lo que viene: más revisión de beneficios
El Gobierno prevé continuar con la revisión de exenciones en otros sectores:
- Bienes que actualmente tienen IVA 0 % pero no son considerados esenciales.
- Servicios con beneficios amplios o poco focalizados.
- Incentivos tributarios a empresas que no generen impacto económico.
Además, se espera una mayor fiscalización y nuevas regulaciones del SRI para cerrar vacíos legales sin necesidad de reformas legislativas.
Debate y críticas
Expertos advierten que la medida podría tener efectos sociales. El economista Alberto Acosta Burneo señala que el ajuste puede ser regresivo, al afectar el consumo de los hogares y la demanda interna, especialmente en un contexto previo a elecciones.
A pesar de las críticas, el Gobierno sostiene que la reducción de exenciones es clave para fortalecer las finanzas públicas y cumplir con los compromisos internacionales.