Alcaldes y representantes de los municipios de Ecuador realizaron una movilización hacia la Corte Constitucional en Quito para expresar su respaldo a la Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), conocida como la “Ley 70/30”.
La marcha, convocada por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), recorrió el sector norte de la capital y culminó en la sede del organismo constitucional, donde se entregó un amicus curiae como parte del respaldo jurídico a la normativa.
El documento busca fortalecer la defensa de la ley frente a las demandas de inconstitucionalidad que han sido presentadas en su contra, mientras el proceso se analiza en la Corte Constitucional.
La normativa establece que los gobiernos locales deberán destinar el 70 % de sus presupuestos a inversión en obras y servicios, como agua potable, alcantarillado y proyectos de infraestructura. El 30 % restante se podrá utilizar para gastos administrativos y operativos.
Desde la AME se defiende la medida como una herramienta para priorizar la ejecución de obras públicas y mejorar los servicios básicos en los territorios. Sus representantes aseguran que la ley permitirá reducir el gasto burocrático y fortalecer la inversión social.
Sin embargo, la norma ha generado oposición en algunos sectores, donde se argumenta que podría afectar la autonomía financiera de los gobiernos locales. Actualmente, la Corte Constitucional analiza varias demandas que buscan frenar su aplicación.
Mientras tanto, los municipios que respaldan la ley han solicitado ser escuchados en audiencias públicas para exponer sus argumentos a favor de la reforma.